Las raíces amenazadas por la incertidumbre inmobiliaria
Laura Pascual, vecina del número 32 de l'avinguda Doctor Mitjavila, enfrenta lo que podría ser su exilio forzado. Tras décadas construyendo una vida familiar en el mismo inmueble, recibe un aviso: los propietarios no renovarán los contratos de alquiler para ninguno de los vecinos del bloque.
> "No demano privilegis ni tractes especials. Només demano poder continuar vivint al meu país"
La historia de Pascual comienza cuando su familia se instaló en la propiedad mientras aún estaba en obras, sin barandillas y con escaleras inacabadas. Sus abuelos llegaron a un lugar que hoy consideran insuficiente para los estándares actuales; entonces, el agua subía por palés y la ropa se lavaba sobre las piedras del río cercano.
Un conflicto colectivo sin solución inmediata
La situación de Pascual no es aislada: afecta a todos los residentes. La gestión propietaria decidió este verano poner fin a todas las arrendaciones simultáneamente, cerrando cualquier puerta al diálogo individualizado. Los vecinos intentaron negociar una continuidad colectiva proponiendo un alquiler mensual de 750 euros por vivienda, cifra que la administración inmobiliaria rechazó.
El futuro del bloque permanece en suspenso mientras los afectados buscan alternativas habitacionales cada vez más difíciles y costosas. Para Pascual, perder este hogar no es solo una cuestión económica; implica desmantelar generaciones de memoria familiar arraigada a esas paredes.
Una petición simple ante la complejidad institucional
Pascual insiste en que su demanda carece de pretensiones especiales: busca simplemente garantizar un techo seguro para quien nació y trabajó en el país. Temor constante, pues encontrar vivienda accesible se vuelve progresivamente imposible sin excepciones legales o políticas claras.
> "No vull que les arrels de la meva família acabin convertint-se en un record perquè no puc trobar un habitatge on continuar vivint"
La institución propietaria mantiene su postura firme, mientras las familias del Doctor Mitjavila 32 esperan respuestas institucionales capaces de evitar el desplazamiento forzado de ciudadanos que han contribuido al desarrollo social y económico andorrano.