El Gobierno endurece las condiciones para acceder al Programa 30-40

ANDORRA LA VELLA, 26 de octubre. En un movimiento que ha generado debate entre los sectores sociales y sindicales, el Govern d'Andorra ha modificado recientemente el *Programa 30-40* destinado a facilitar el acceso al alojamiento. La decisión, anunciada este lunes, busca ampliar la cobertura económica hacia quienes perciben salarios más bajos, pero introduce una barrera temporal que deja fuera a muchos jóvenes y trabajadores recientes.

La principal novedad radica en los ingresos mínimos requeridos para solicitar las ayudas. Mientras que inicialmente se exigía un ingreso equivalente al 120% del salario mínimo, ahora será suficiente acreditar unos ingresos equivalentes exactamente al salario mínimo vigente. Este ajuste, tras el aumento extraordinario aprobado a finales de julio (situado actualmente en 1.568,67 euros mensuales), permite que las ayudas se dirijan a personas y unidades familiares con ingresos entre una y 3,5 veces ese umbral.

> «La crisis del hábitatge no pregunta quants anys portes al país abans d'afectar-te», advertía el Sindicat d'Habitatge d'Andorra en septiembre. La organización había reclamar que las políticas públicas protegieran a quienes desarrollan su proyecto de vida aquí, independientemente de la antigüedad.

El requisito de los quince años sigue siendo un muro infranqueable

A pesar del alivio económico para algunos perfiles, el Govern ha decidido mantener intacta una condición restrictiva: acreditar quince años de residencia legal, efectiva e ininterrumpida en el Principado. Esto significa que cualquier persona trabajando legalmente y destinando gran parte de su nómina a la vivienda no podrá beneficiarse del programa si no cumple este requisito temporal.

La normativa sí contempla excepciones para estancias fuera por motivos académicos, laborales o médicos debidamente acreditados, pero esto deja una brecha significativa en el sistema protector. El Sindicat d'Habitatge ha criticado que las subvenciones alivian dificultades inmediatas sin actuar directamente sobre los precios del mercado ni ampliar suficientemente el parque público de vivienda assequible.

Mecánica de la ayuda y límites geográficos

El programa establece un esfuerzo económico variable según los ingresos: en caso de alquiler, se destinará entre el 30% y el 36% a la vivienda. El Govern cubrirá parte de la diferencia respecto al precio pagado por el inquilino.

Sin embargo, existe un límite máximo subvencionable calculado sobre el precio de referencia del hábitatge assequible en cada parròquia (incrementado un 20%). Por tanto, no se cubrirá necesariamente toda la diferencia entre lo que cuesta el alquiler real y la capacidad económica familiar.

También contempla ayudas para hipotecas de primer hogar si el precio no supera los 600.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse a partir del 1 de noviembre, con efectos económicos desde enero de 2027 o en fecha posterior según corresponda. Los pagos serán mensuales durante un periodo inicial de doce meses, prorrogables mientras se mantengan los requisitos.

La iniciativa tendrá una duración prevista hasta diciembre de 2030 y permanecerá activa como mínimo hasta que el parque público alcance las 1.500 viviendas. El Govern ha simplificado trámites administrativos e invita a priorizar este mecanismo antes de recurrir a ayudas ordinarias gestionadas por Afers Socials.

Un debate abierto sobre la suficiencia del modelo actual

La ampliación permite incorporar perfiles con salarios más bajos, pero mantiene abierta la discusión sobre si subvencionar parcialmente los alquileres es suficiente para afrontar la crisis de acceso a la vivienda que vive Andorra. Mientras el Govern defiende esta medida como un paso necesario dentro del marco existente, organizaciones sociales insisten en que sin medidas estructurales adicionales —como garantizar contratos estables o regular precios— las ayudas resultan insuficientes frente al mercado inmobiliario.

El programa se mantendrá inicialmente hasta diciembre de 2030 y, com a mínim, fins que el parc públic d'habitatge del Govern arribi als 1.500 pisos.